Comentario
En sentido estricto, el Imperio chino se dividía en 18 provincias, sheng, o divisiones administrativas básicas, al frente de las cuales se situaba un gobernador civil, mientras que un gobernador general se encargaba de la jurisdicción militar. Ambos funcionarios -nombrados por el Gobierno central- se supervisaban entre sí, pero actuaban e informaban conjuntamente de los asuntos importantes. La autoridad provincial estaba dividida, en un principio, entre tres funcionarios que, separadamente, dirigían la administración de la población civil, inspeccionaban las actividades de los funcionarios o se ocupaban de los asuntos militares. Trabajaban directamente para el gobierno central, cuyas órdenes cumplimentaban y a él remitían las rentas que cobraban; reclutaban civiles para servir forzosamente como soldados, los instruían y los enviaban donde fueran necesarios. Se encargaban asimismo del mantenimiento del orden, de la administración de justicia, de la dirección de los exámenes provinciales, del servicio postal y, por norma general, de todos y cada uno de los acontecimientos que tenían lugar en su territorio.
Además de estos dos personajes, existían cuatro funcionarios provinciales: el tesorero, el juez, un controlador de la sal y un intendente de cereales, encargado de supervisar la recolección de granos para la capital.
Cada provincia estaba dividida en varias jurisdicciones, tao, y éstas a su vez se hallaban compuestas de prefecturas, fu, que se dividían en subprefecturas o departamentos, choca, y éstos en distritos o municipios, lisien. Las prefecturas pueden considerarse, en parte, como el equivalente de las provincias menores occidentales. Los jefes de las prefecturas, los mandarines, tenían autoridad para gobernar la ciudad donde estaban situados sus despachos y la zona rural que la rodeaba. El funcionario superior o magistrado, como es llamado con frecuencia, trabajaba directamente para sus superiores en la provincia, quienes podían exigirle explicaciones e inspeccionar sus actividades y, usualmente, no tenía medios de contacto directo con el gobierno central. La Administración manchú distinguía con claridad las esferas civiles y militares. Respecto a esta última, además de las ya creadas banderas, se formaron los batallones verdes, o tropas provinciales empleadas como fuerza provincial y represora de las alteraciones sociales.
El número de empleados en la Administración no puede determinarse con exactitud, pero es evidente que la complejidad del servicio y su gran número tenían una acción retardadora para la obra de gobierno y para que los más calificados pudieran eludir la responsabilidad personal. La última instancia del debate político se desarrollaba entre los ministros y el emperador. Sin embargo, no había garantía de que sus decisiones se llevaran a efecto, pues las facciones políticas enemigas tenían numerosas oportunidades de acceso a palacio y de frustrar los planes de los hombres de gobierno que nominalmente lo dirigían.